El tribunal de lo contencioso considera que el consistorio "ha incurrido en groseras vulneraciones del ordenamiento jurídico" y en "represalias" que "han lesionado los derechos fundamentales" del funcionario, apoyándose en las resoluciones judiciales previas que anularon las medidas disciplinarias impuestas contra el agente y en un informe pericial que describe secuelas "emocionales y psicológicas"

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