Existe una corriente de opinión, dentro de determinados sectores jurídicos, que sostiene que el perito no debe poseer conocimientos jurídicos amplios; a lo sumo, únicamente aquellos estrictamente necesarios para desenvolverse en el proceso y comprender los aspectos normativos que afecten directamente a su especialidad técnica. Esta postura parte de una premisa clara: el perito no está llamado a interpretar ni a aplicar la ley, pues tales funciones corresponden al abogado y al tribunal. Según esta visión, un exceso de formación jurídica podría incluso condicionar las conclusiones del perito, contaminando la objetividad que debe caracterizar cualquier dictamen.

Si bien este planteamiento puede presentar cierta coherencia formal, desde nuestra perspectiva resulta incompleto y, en algunos casos, contraproducente. En la práctica profesional diaria, el perito que conoce y comprende el marco jurídico en el que desarrolla su actividad cuenta con una ventaja decisiva respecto a aquel que se limita a manejar únicamente los elementos técnicos de su especialidad.

Un argumento clásico… pero insuficiente.

El argumento de que el perito no debe “invadir” el espacio del abogado o del juez es recurrente. Sin embargo, asumir que el conocimiento jurídico conduce necesariamente a esa invasión es desconocer tanto la ética profesional del perito como la propia naturaleza de la función pericial.

El perito no necesita —ni debe— aplicar la ley, pero sí necesita comprenderla. La interpretación jurídica corresponde al tribunal, pero la correcta articulación de un dictamen, su adecuación al procedimiento y su utilidad práctica para el juez requieren algo más que conocimientos técnicos en sentido estricto.

En este sentido, la formación jurídica no es un riesgo, sino una herramienta. El riesgo, en todo caso, reside en un mal uso de dicha herramienta, algo que también podría afirmarse de los conocimientos técnicos propiamente dichos.

Ventajas de un perito con sólida formación jurídica.

Las ventajas que se derivan de una comprensión profunda del entorno legal son numerosas y se manifiestan tanto en la calidad del dictamen como en la eficacia del trabajo pericial.

1. Mejora sustancial en la comunicación con abogados.

El dictamen pericial es, en esencia, un puente entre dos mundos: el técnico y el jurídico. Cuando el perito conoce el lenguaje, los conceptos y la estructura lógica del derecho procesal, la interacción con los abogados se vuelve más fluida y eficaz.

Un abogado puede precisar que la pericia responda a determinadas cuestiones jurídicas relevantes; si el perito desconoce ese contexto, puede terminar ofreciendo respuestas técnicamente correctas, pero jurídicamente irrelevantes. Por el contrario, un perito formado es capaz de anticipar qué elementos resultan clave para que su dictamen sea realmente útil en la estrategia procesal.

2. Mayor claridad y eficacia en la transmisión de conclusiones al juez.

El juez no es un técnico y, en muchas ocasiones, se enfrenta a materias complejas que requieren una explicación accesible, precisa y adecuada al marco procesal. Un perito que entiende cómo se valora la prueba, cómo se articula un proceso y qué exige la ley en cuanto a motivación y fundamentación, redacta informes más claros, más completos y más orientados a su finalidad real: ayudar al tribunal.

3. Capacidad de asesoramiento autónomo en conflictos que no necesariamente llegan a juicio.

La actividad pericial no se agota en la elaboración de dictámenes judiciales. En múltiples ocasiones, los clientes solicitan la intervención de un perito antes de iniciar acciones legales, o incluso para evitarlas. En esos escenarios, un conocimiento jurídico adecuado permite al perito evaluar la viabilidad técnica del conflicto, orientar al cliente con mayor autonomía y gestionar asuntos que, aunque no sean estrictamente judiciales, están íntimamente vinculados al ámbito legal.

Esta capacidad no supone sustituir al abogado, sino complementar su labor y ofrecer un servicio más completo, transparente y eficiente.

4. Mayor seguridad profesional y reducción de errores procesales.

Un perito que comprende las normas procesales sabe cómo estructurar el dictamen, cómo actuar en sala, cómo responder a una tacha o cómo preparar una ratificación sin incurrir en imprecisiones que puedan restar fuerza a su intervención. La formación jurídica minimiza riesgos y fortalece la profesionalidad.

Conclusión: el conocimiento jurídico como valor añadido.

Lejos de representar un obstáculo o un peligro para la objetividad del dictamen, el conocimiento jurídico constituye un poderoso aliado en la labor del perito. No convierte al perito en abogado ni invade competencias ajenas; simplemente amplía su capacidad profesional y mejora su contribución a la Administración de Justicia.

En este contexto, la formación continua adquiere un papel esencial, y es precisamente aquí donde la pertenencia a la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana se convierte en un valor estratégico. La Asociación no solo actúa como punto de encuentro entre profesionales de distintas disciplinas, sino que ofrece un programa formativo actualizado en materia jurídica, diseñado para dotar a los peritos de los conocimientos transversales que exige el ejercicio moderno de la pericia. Gracias a sus jornadas, seminarios y actividades especializadas, los asociados pueden reforzar su competencia técnica desde una perspectiva jurídica, ampliar su capacidad de intervención y mejorar la calidad de sus dictámenes. Ser miembro de APCAJCV es, por tanto, una garantía de crecimiento profesional y una apuesta firme por una pericia más rigurosa, más preparada y plenamente alineada con las necesidades reales de la Administración de Justicia.

En un mundo donde la colaboración interdisciplinar es cada vez más necesaria, apostar por una formación jurídica sólida es apostar por una pericia más útil, más rigurosa y más eficaz.